Se debe aclarar que cada país cuenta con su propio procedimiento interno de extradición en el que se definen las instancias a las que pueden acudir los extraditables.
Sin acuerdos formales que permitan la entrega de los delincuentes, puede ser más difícil para los países trabajar juntos en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos transnacionales.
9. ¿Puede una persona ser extraditada desde México si ya ha sido juzgada y condenada por el mismo delito en México?
El proceso judicial de extradición en México consta de varias etapas. En primer lugar, se lleva a cabo una audiencia en la que se determina si la persona a extraditar es la misma que se busca en el país solicitante y si los delitos por los que se le acusa son punibles en México.
1. La extradición deberá concederse por un acto u omisión que constituya un delito de los que se encuentran dentro de los descritos en el Apéndice anexo a este Tratado, el cual forma parte integral del mismo.
Una vez localizada la persona en el extranjero y se ha descartado que se trate de una homonimia, es decir, se asegura que es la persona requerida en extradición, se elabora una solicitud de detención provisional con fines de extradición o una petición formal de extradición; asimismo, las solicitudes y/o peticiones formales de extradición se acompañarán de los documentos que soporten las mismas.
Si la resolución definitiva es CONCEDIDA, la extradición es notificada por las autoridades del Estado requerido a las autoridades de México, por lo que se inicia la coordinación para el traslado del extraditable a territorio nacional.
Finalmente, en una tercera parte del capítulo segundo, la autora aborda el tema de la extradición de nacionales; tópico sumamente debatido en el que existen dos posiciones predominantes: la de los países de tradición jurídica anglosajona o Common Legislation, que permiten la extradición de nacionales y la de los países de extracción jurídica romano&#a hundred and fifty;germánica o Civil Law que, por largo tiempo, han rechazado la posibilidad de extraditar a sus nacionales. Estas posiciones encontradas han sido una de las have a peek at this web-site principales razones para que no se haya llegado a una verdadera uniformidad en las normas que regulan la extradición.
Por otro lado, analiza la forma en que México ha asimilado en su derecho interno dicho mecanismo de cooperación y las contribuciones mexicanas al desarrollo, consolidación y creación de normas uniformes de extradición en el ámbito regional latinoamericano. A lo largo de toda la obra, la autora se vale del derecho comparado para estudiar y confrontar las diferentes tradiciones jurídicas en materia de extradición imperantes en los países latinoamericanos y España, con el objetivo de rescatar todas aquellas similitudes que puedan coadyuvar a la creación de las ya mencionadas normas uniformes.
Una vez que se weblink ha determinado have a peek here que la persona es la misma que se busca y que los delitos son punibles en México, se lleva a cabo un juicio de extradición en el que se analiza la evidencia presentada por el país solicitante y se determina si se cumplen los requisitos necesarios para proceder con la extradición.
Los tratados de extradición se refieren al derecho que tienen dos países de enviar o recibir a una persona que enfrenta un proceso lawful.
La decisión de extradición es tomada por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría debe evaluar la solicitud y tomar en cuenta los intereses del Estado mexicano y de la persona acusada.
A la par de los artilugios jurídicos a los que pueden recurrir tanto los Estados como los propios individuos reclamados para conseguir o evitar la extradición, existen prácticas extrajurídicas ampliamente utilizadas por los gobiernos para allegarse de manera rápida de los individuos reclamados; tales prácticas son la entrega informal y el secuestro transfronterizo. En el primer caso, los Estados acuerdan la entrega o intercambio de delincuentes al margen del ordenamiento jurídico aplicable.
La extradición en México es el procedimiento mediante el cual un país solicita a México la entrega de una persona que se encuentra en territorio mexicano para ser juzgada o cumplir una condena en el país solicitante.